Montoro y los datos fiscales de amigos y adversarios

El juez titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Tarragona, Rubén Rus, emitió este miércoles un auto que se ha hecho esperar: el que confirma la imputación del exministro del PP Cristóbal Montoro y de casi una treintena de personas y empresas más por supuestamente haber maniobrado desde el Gobierno para favorecer a algunas empresas gasísticas que, buscando un beneficio legislativo claro, decidieron pagar al despacho ‘Equipo Económico’, fundado por el mencionado ministro, para que “influyera” en decisiones que se adoptaran desde el ministerio de Hacienda y que les resultara favorables.

Esas empresas, según el juez, lograron ver cumplidos sus deseos con la modificación de una tasa especial de electricidad y un cambio en el Impuesto de Actividades Económicas en los presupuestos de 2018. Y también según el juez, el hecho de que hubieran sacado la chequera previamente para contratar los servicios del despacho ligado a Montoro es un indicio claro de que no fue una casualidad que las reformas que ansiaban, terminaran llegando. Aunque para ello el Ejecutivo de entonces tuviera que cambiar opiniones expresadas previamente sobre esas materias.

Cuatro empresas de gases industriales acudieron al despacho fundado por Montoro en busca de beneficios fiscales desde Hacienda

“La vía más directa, como siempre, es pagar a este Equipo Económico que tiene contacto directo con el ministro de Hacienda Cristóbal M.”, señala uno de los mails intervenidos por la policía judicial durante la investigación del caso y al que se refiere el instructor en su auto de imputación. Pero ojo porque cuando se procedió al registro de los aparatos informáticos de parte de los ahora imputados no se encontraron solo mails ligados a la posible intervención desde el ministerio, actuando como brazo ejecutor del despacho fundado por Montoro, para beneficiar a determinadas empresas: se hallaron también correos en los que, como ya les adelantaron en el 2023 y 2024 los periodistas de investigación de este grupo editorial, Prensa Ibérica, se dejaba constancia de extrañas maniobras políticas para conocer datos confidenciales sobre determinados políticos o personajes públicos e, incluso, para decidir cómo hacer llegar información fiscal relevante del ‘caso Gürtel’ a la Audiencia Nacional.

Así las cosas el instructor pregunta a las partes en la causa cómo creen que debe actuar con esa materia de su investigación que afecta a unos mails que provocan la sospecha de que también pudo utilizarse la Agencia Tributaria con fines políticos, tanto para beneficiar a próximos como para perjudicar a contrarios. Entre los afectados –y muchos de ellos han solicitado su personación en la causa-, figuran sus excompañeros de partido Rodrigo Rato y Esperanza Aguirre, así como el expresidente catalán Jordi Pujol y su familia o el exdirigente de Podemos Juan Carlos Monedero.

¿Quién está imputado en la causa contra Montoro? El juez detalla el papel del equipo del exministro de Hacienda en la trama

¿Cómo puede tener un juez de Tarragona semejantes correos electrónicos en su poder? A lo largo de las pesquisas abiertas en 2018 en relación con la trama investigada en torno de Equipo Económico (antes Montoro y Asociados y actualmente, Global Afteli), los investigadores se toparon con una serie de mails que excedían el objeto de las diligencias, al no guardar relación con las gasísticas englobadas en la Asociación de Fabricantes de Gases Industriales y Medicinales (AFGIM) que contrataron a Equipo Económico para que a través de "su red de influencias" lograra "reformas legislativas en consonancia con sus pretensiones", que pasaban por ver rebajadas sus obligaciones fiscales, lo que lograron en "hasta en dos ocasiones".

Son mensajes que pueden ser constitutivos de delitos de revelación de secretos al afectar a otros contribuyentes, la mayoría de ellos relacionados con la política o relativos, por ejemplo, a la ayuda judicial que Hacienda debía prestar a la Audiencia Nacional a la hora de investigar el caso Gürtel, en lo que se presumía podía suponer una utilización política por parte de Montoro de información fiscal, de carácter reservado. En esa causa, en concreto, el contenido de los mails apunta a una posible utilización para intentar impedir que el PP fuera acusado de la comisión de un delito fiscal: de hecho la conclusión que el ministerio de Hacienda elevó finalmente al tribunal es que el Partido Popular, como organización política, no había cometido ningún delito fiscal. ¿Casualidad?

Precisamente el hallazgo de dichos mails ‘políticos’ durante la instrucción de la causa en principio centrada en empresas provocó un terremoto también en el seno de la Fiscalía, como también se adelantaron a explicar con detalle hace muchos meses los periodistas de esta casa Tono Calleja, Ángeles Vázquez, Cristina Gallardo y Jesús Albalat (cuyo trabajo es imprescindible para entender cómo hemos llegado hasta el ‘caso Montoro’). La fiscal adscrita a la investigación en Tarragona, Carmen García Cerdá, se mostró partidaria entonces de ahondar en estos correos a través de la apertura de una nueva línea de investigación, pero su jefe, el fiscal al frente de Anticorrupción, Alejandro Luzón, discrepó. Y lo impidió. Ella trató de forzar esa investigación pese al criterio de su jefe y llegó a plantear un artículo 27 del Estatuto Fiscal, previsto para cuando un superior impone a un representante del ministerio público una orden que no comparte, y él lo llevó a la junta de fiscales de Anticorrupción, donde su criterio fue respaldado por 19 votos frente a cuatro.

Pero ahora el magistrado Rubén Rus obliga a la fiscalía, en su auto de imputación, a volver a repensar esta cuestión y a pronunciarse sobre si mantiene que no deben investigarse esas posibles maniobras políticas del ministerio de Montoro o cambia el criterio: en su resolución, da traslado al fiscal para que proceda al "expurgo de los correos de interés para la causa", lo que puede suponer su expulsión definitiva del procedimiento que se sigue en Tarragona y su archivo o la remisión de las distintas piezas a otros juzgados para que procedan a determinar si son constitutivos de delito. ¿Qué hará el ministerio fiscal ahora que el ‘caso Montoro’ ha ganado foco y el PSOE quiere además utilizarlo para contrarrestar, si es que eso es posible, su propio calvario con el ‘caso Cerdán’? La respuesta, sin duda, se publicará en este diario.